Incapacitación

 

Es necesaria una sentencia que declare la incapacitación de la persona para protegerla cuando existe una deficiencia o falta de conocimiento que le impiden gobernarse por sí misma en todos o algunos de los aspectos de su vida, puesto que se presume desde la mayoría de edad tiene capacidad plena para llevar a cabo todos los actos de su vida

 

El artículo 200 del Código Civil  establece que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico, de carácter persistente que afecten al autogobierno de la persona.

Mediante sentencia, el Juez determinará o no la incapacitación. En caso de declararla, determinará también cuál es su alcance y nombrará un tutor para que decida sobre los aspectos personales y patrimoniales del incapacitado.

En el procedimiento de incapacitación interviene el Ministerio Fiscal y será preceptivo el informe del médico forense y es preceptiva la audiencia de parientes, los cuales, en principio, serán llamados preferentemente a asumir el cargo tutelar.

En este sentido, establece el Artículo 222-10 del Codi Civil Català  en cuanto al orden de la delación que preferiblemente, asumirá el cargo la persona designada por el incapacitado  en los términos establecidos en el Art. 222.4 CCC, es decir, cuando aún se encontraba en condiciones de disponer sobre sí mismo y siempre con carácter previo al inicio del procedimiento de incapacitación o diligencias preparatorias iniciadas por el Ministerio Fiscal.

En defecto de delación voluntaria, la autoridad judicial prefiere para la tutela a:

  1. a) El cónyuge o el conviviente en pareja estable de la persona incapacitada, si existe convivencia.
  2. b) Los descendientes mayores de edad de la persona incapacitada.
  3. c) Los ascendientes del menor o incapacitado, salvo que se prorrogue o rehabilite la potestad parental.
  4. d) En caso de muerte del progenitor del menor o incapacitado, el cónyuge o el conviviente en pareja estable de aquel, si convive con la persona que debe ser puesta en tutela.
  5. e) Los hermanos del menor o incapacitado.

Los Jueces son los encargados de aplicar la ley al supuesto de hecho, valorar las pruebas e indicios que puedan llevar a concluir que una persona debe ser determinada incapaz, el alcance de la incapacidad y determinan también quién ha de asumir el cargo de tutor en caso de ausencia o ineficacia de la delación voluntaria.

Resulta fundamental la intervención del médico forense para determinar hasta qué punto puede la persona regirse por sí misma a pesar de la edad, enfermedad física o psicológica.

No obstante, por garantista que puedan parecer por un lado, los principios que inspiran el procedimiento de incapacitación y por otro, la propia actuación judicial, la defensa jurídica efectiva, que ejercite el derecho de la persona a elegir quién ha de ser la persona que asuma su tutela en el caso de una incapacidad resulta imprescindible.

La próxima semana publicaremos un artículo ilustrado por dos sentencias: La primera en la que efectivamente el Juzgado de 1ª Instancia determina la incapacitación de nuestro representado pero dando la tutela a una fundación en contra de su voluntad y de sus intereses.

La segunda, de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que, después del recurso presentado por nuestro gabinete, se otorga la tutela a la hija de nuestro cliente, de acuerdo con voluntad y sus intereses.

Maria Eugenia Cruz Torres

Mª Eugenia Cruz Torres Socia de Letrados Barcelona, experta en derecho de familia, divorcios, nulidades, incapacitaciones

Letrada responsable de derecho de familia de Letrados Barcelona